El 16 de abril, la policía desarticuló una presunta célula terrorista en un céntrico hotel de Santa Cruz y eliminó al supuesto cabecilla, el boliviano Eduardo Rózsa y a dos extranjeros, en tanto que un ciudadano boliviano y otro húngaro guardan detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. El caso fue dilucidado en el tribunal paceño, pero la jurisdicción cruceña reclamaba que este proceso sea remitido a Santa Cruz, lo que originó un conflicto de competencias.
Ayer, la Sala Plena, conformada por 12 miembros, entre ministros y conjueces, después de un intenso debate que mereció varias reuniones y una recusación, que fue rechazada, determinó por siete votos, remitir el expediente del caso al distrito de Santa Cruz para que resuelva el conflicto de competencias entre dos jueces.
“El conflicto de competencias lo resuelve la Corte de Santa Cruz, que es el distrito donde se encuentra el juez que previno primero (el caso), así lo establece el art. 311 del CPP vigente”, afirmó la decana en ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval.
Señaló, además, que la decisión está enmarcada en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre el conflicto de competencias y una circular remitida a las cortes superiores, que se refiere a las competencias.
Por su parte, el Gobierno, a través del viceministro de Coordinación Wilfredo Chávez, anunció anoche un juicio por prevaricato en contra de los ministros de la Corte Suprema de Justicia que fallaron a favor de los implicados con el grupo de mercenarios encabezados por Eduardo Rózsa Flores.
(Fuente:Correo del Sur, Sucre)
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