"Vamos a recoger firmas en todo el país para que esta ley sea sometida a referéndum (...) Llegó la hora del pueblo, juntos podemos resolver esta situación'', declaró Ismael García, diputado de oposición y secretario general del partido Podemos.
El líder opositor explicó que si la autoridad electoral les prohíbe ejercer este derecho al referéndum, se colocaría una urna en cada plaza de Venezuela para que los ciudadanos se expresen.
"Presidente, el único golpe (de Estado) que está en desarrollo es el que usted está dando a la Constitución. Lo que nosotros haremos es evitar que siga ocurriendo'', aseguró el diputado, dirigiéndose al mandatario Hugo Chávez.
A su lado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pidió que en este momento la "verdadera unidad debe estar por encima de las diferencias'' y previó varios actos en las calles en los próximos días, incluyendo una gran manifestación el próximo 22 de agosto.
"La lucha tiene que comenzar ahora (...) Nosotros estamos dispuestos. ¿Estás tú resuelto a defender tu Constitución, tu democracia, tu libertad de expresión? No es hora de agachar la cabeza, es hora de dignidad, un pueblo digno no se rinde'', arengó Ledezma.
García y otros cinco diputados de oposición abandonaron la plenaria de la Asamblea Nacional durante el debate de esta ley para mostrar su repudio al texto en discusión, que otorga un papel esencial al Estado, y a las agresiones ocurridas contra una docena de periodistas durante una manifestación.
"Pretenden convertir nuestros niños en robots. el jueves, en la madrugada, en la Asamblea decían que (la ley) era un regalo para (el líder cubano) Fidel Castro por su cumpleaños. No queremos un modelo autoritario como ese'', denunció García, refiriéndose al 83 cumpleaños de Castro, celebrado el jueves.
"El gobierno dice que ésta es una revolución armada. Todos los aviones y los fusiles no son suficientes contra la fuerza del pueblo que democráticamente decide conquistar sus derechos'', concluyó el diputado.
El legislativo, integrado en su mayoría por aliados del presidente Hugo Chávez, aprobó la ley tras una maratónica sesión que estuvo signada por choques entre partidarios y opositores del presidente Hugo Chávez que acudieron a la Asamblea Nacional durante parte de la discusión, reportó la Associated Press.
La sesión culminó con la presencia sólo de los miembros de la bancada oficialista. Un grupo de diputados, ex aliados de Chávez, se retiró horas antes del hemiciclo en protesta; argumentando que no convalidarían con su presencia la aprobación de "una ley inconsulta''.
Cientos de manifestantes se dispersaron en horas de la tarde cuando policías con equipos antimotines lanzaron los gases contra la multitud, en su mayoría simpatizantes oficialistas, congregados en los alrededores de la Asamblea, que comenzó el debate sobre el proyecto de ley
Los enfrentamientos entre adversarios políticos estallaron en medio de la conmoción causada por la nube de gases lacrimógenos. Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Simón Bolívar, indicó que un estudiante que manifestaba del lado opositor sufrió fractura de un brazo.
La nueva ley de Educación obliga a que las clases se basen en la llamada "doctrina bolivariana'', en una referencia a los ideales defendidos por el prócer Simón Bolívar, como la autodeterminación nacional y unidad latinoamericana.
Los críticos advierten que Chávez utiliza el término "bolivariano'' porque así describe a su movimiento político izquierdista y en consecuencia algunos temen que su gobierno introduzca un adoctrinamiento socialista en las aulas.
"No usan la palabra 'socialismo', pero eso es lo que quieren introducir en nuestras escuelas'', afirmó Ray González, un ingeniero de 59 años.
Igualmente, en la madrugada del viernes y en una maratónica sesión que contó sólo con la presencia de los miembros de la bancada oficialistas, la AN aprobó una ley que regula la propiedad de las tierras urbanas y deja abierta la posibilidad de expropiar edificaciones y terrenos considerados ociosos.
La ley entrará en vigor una vez que sea publicada en la gaceta oficial.
La Ley de Tierras urbanas regula el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, indicó el diputado oficialista Braulio Alvarez a la prensa.
"La ley se va aplicar en función de un servicio social'', indicó el legislador, quien destacó que en los principales centros urbanos del país se evidencian "grandes monopolios inmobiliarios que controlan la compraventa de terrenos y parcelas (...) en su mayoría ociosos y subutilizados''.
La ley establece que los propietarios de los inmuebles, terrenos y parcelas, en caso de ser requerido, están también obligados a entregarlos a favor de la República conforme al principio al derecho de preferencia.
En virtud de la ley también se contempla que podrá "ser declarada la expropiación (...) sin perjuicio de la facultad de los órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial'', antes de una sentencia firme.
Los adversarios de mandatario afirman que esta clase de leyes le dan al Estado un mayor control de la economía del país y erosionan el derecho a la propiedad privada.
Entre marzo, abril y mayo el gobierno de Chávez reactivó los procesos de nacionalizaciones y expropiaciones con la toma de control de todas las áreas que poseen las almacenadoras privadas en los puertos del país; una planta procesadora de arroz de la estadounidense Cargill; 74 empresas que prestaban servicios a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); cuatro compañías productoras de hierro briqueteado, cerámicas y tubos; y la adquisición del Banco de Venezuela, la tercera mayor institución financiera del país.
Por otra parte, la violencia continúo todo el viernes cuando cientos de venezolanos protestaron para exigir justicia tras un violento ataque contra un grupo de periodistas por parte de supuestos seguidores del presidente Hugo Chávez, que dejó al menos 12 heridos.
Los periodistas fueron agredidos en momentos que entregaban a los transeúntes un escrito con advertencias contra la Ley de Educación, que sus críticos temen podría conducir al adoctrinamiento en las escuelas.
Fotos del ataque mostraron a un grupo de supuestos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, propinando golpes y patadas, dejando a algunos de los periodistas ensangrentados.
El diario Ultimas Noticias, uno de los de mayor circulación del país informó que 12 periodistas de su cadena de periódicos resultaron heridos el jueves. El diario en su titular de primera página declaró: "¡Basta de violencia!''
El ataque fue uno de los más graves contra los periodistas en los últimos años en Venezuela. El gobierno condenó los hechos.
Ultimas Noticias, que citó testigos, indicó que los atacantes provenían de Avila TV, una estación de televisión financiada por el gobierno de Chávez. Publicó una fotografía de una persona tumbada en la acera que era golpeada por un grupo de atacantes, dos de los cuales tenían palos en sus manos.
Avila TV negó su participación y en una declaración catalogó las acusaciones como un ‘‘ataque más de los muchos'' que buscarían desacreditar a la emisora.
Entretanto, demandando justicia, 300 manifestantes encabezado por periodistas, gritaron el viernes la consigna " ¡Libertad de expresión!'' y demandaron la renuncia de la fiscal general. Además mostraron algunas fotos de los periodistas heridos, acompañados de la leyenda: "¡Basta de agresiones a los periodistas!''
El ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, condenó la violencia, afirmando que los periodistas protestaban pacíficamente en contra de una parte de la Ley de Educación.
Los periodistas agredidos en particular alertaban que la ley además dejaba abierta la posibilidad de "suspensión inmediata de las actividades'' de los medios de comunicación, cuando los órganos rectores de la educación lo decidan.
La ley "deja a discrecionalidad de los ministros de turno actuar cuando consideren que el contenido publicado provoque "terror'' o incite al "odio'' entre los niños. Los periodistas fueron atacados a un par de cuadras de la Asamblea Nacional, donde la policía disolvió con gases lagrimógenos una protesta mayor.
"Un hombre me golpeó con un palo en la cabeza y me causó una herida'', declaró Marie Rondón, periodista de Ultimas Noticias. Otro reportero, Sergio Moreno, explicó que una mujer le golpeó en la espalda con una piedra.
Carlos Lauría, del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, instó al gobierno a "enjuiciar a los responsables con todo el rigor de la ley''. La Sociedad Interamericana de Prensa pidió a una "inmediata y completa investigación''.
Las tensiones han ido en aumento entre los medios de comunicación privados de Venezuela y el gobierno de Chávez. A principios de agosto, el organismo regulador de las telecomunicaciones sacó del aire 32 estaciones de radio al revocarles la licencia y se negó renovar las concesiones de otras, argumentando que no cumplían con los reglamentos.
En sus mas de 10 años de mandato, Chávez se ha enfrentado repetidamente con los medios de comunicación, a quienes acusa de conspirar para derrocarlo.
Lauría aseguró que Chávez y su gobierno deben abstenerse de utilizar un lenguaje incendiario contra los medios de comunicación. "Se promueve un clima, un ambiente, donde suceden estos incidentes'', indicó.
En Montevideo, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) manifestó el viernes su "más enérgica condena'' por los actos de violencia contra los comunicadores.
