UNITEL

El Gobierno y la Corte Suprema de Justicia abrieron un nuevo foco de conflicto en Bolivia, tras el anuncio del Ejecutivo de enjuiciar a todos sus jueces titulares por cambiar de jurisdicción un caso referido a un presunto grupo secesionista de mercenarios europeos.
Los siete y únicos ministros titulares de la máxima instancia judicial boliviana (que sesionó con cinco jueces suplentes) decidieron el viernes que Santa Cruz (este) asuma competencia para investigar al grupo que -según el Gobierno- planeaba el asesinato del presidente Evo Morales y emprender una guerra secesionista.
La Corte Suprema de Justicia arguyó que la judicatura de Santa Cruz es la que debe conocer la causa, porque sus jueces fueron los primeros en conocer el conjunto de hechos, como atentados dinamiteros que les son atribuidos a los miembros del grupo armado, desarticulado a tiros en abril pasado.
El poder Ejecutivo recordó que jueces de La Paz también abrieron una investigación sobre el caso, porque ahí se sentaron las denuncias contra la célula liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, baleado por la Policía junto a dos de sus compañeros en un céntrico hotel de Santa Cruz.
"El Gobierno lamenta y rechaza vehementemente esta decisión que ha asumido la Corte Suprema de Justicia. Los siete ministros que han votado (...) tienen que saber que va a haber un juicio de responsabilidades por prevaricato", anunció el influyente viceministro de Coordinación, Wilfredo Chávez.
El poder Ejecutivo duda de la justicia de Santa Cruz, porque teme que sus jueces diluyan la investigación que -de acuerdo al oficialismo- prueba la relación de ricos empresarios de derecha de este departamento con el grupo de mercenarios bolivianos, croatas y húngaros.
El Gobierno asegura que fueron precisamente algunos miembros de esa élite empresarial de derecha quienes financiaron al grupo de Rózsa Flores, al estar fuertemente enfrentados al gobierno izquierdista de Morales.
El fiscal de La Paz que investiga el caso, Marcelo Sosa, ligó en el pasado con la célula de Rózsa y sus compañeros fallecidos (el húngaro-croata Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer) al gobernador de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, al próspero empresario Branko Marinkovic y a una media docena de ricos patrones.
Sobre el juicio de responsabilidad a los magistrados, el Gobierno debe presentar una proposición acusatoria en la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, que debe aprobar la apertura de proceso y ordenar la suspensión de los encausados.
En caso de que la Cámara baja dé luz verde, como es probable, el proceso sigue su curso en el Senado, que es controlado por la oposición.
El gobierno de Morales ya intentó procesar en varias oportunidades a ministros de la Corte Suprema de Justicia, lo que es considerado por los opositores como un intento por controlar el poder Judicial.
La Corte Suprema tiene 12 miembros, pero cinco están suspendidos o renunciaron, y el quórum mínimo para emitir fallos, según la ley, es de siete.