(EFE).- Los parlamentarios del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) pedirán que el voto de los bolivianos residentes en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España alcance el cien por cien en los próximos comicios del 6 de diciembre, informó hoy una fuente oficial.El senador oficialista Félix Rojas, explicó a Efe que su partido solicitará modificar el artículo pertinente en ley electoral para que "todos los bolivianos y bolivianas puedan ejercer su derecho a voto y puedan ser electos".
Esta ley, que fue aprobada en el Parlamento en abril tras un largo debate entre oficialistas y opositores, contempla que la Corte Nacional Electoral (CNE) empadrone en esos países hasta un máximo del seis por ciento del padrón nacional.
El organismo electoral prevé registrar a más de 3,5 millones de bolivianos en el país.
Además, la CNE prevé que 211.000 residentes en el exterior se empadronen en las ciudades argentinas de Buenos Aires, Jujuy y Mendoza; la brasileña de Sao Paulo, las estadounidenses de Virginia, Maryland y Nueva York, y las españolas de Barcelona, Madrid y Valencia.
Para Rojas, esta cifra es "ínfima", ya que, según sus datos, en esos países hay más de dos millones de bolivianos.
Explicó que tras escuchar las reclamaciones de los bolivianos residentes en el exterior presentará ante el Congreso, la próxima semana, una solicitud de modificación de la ley electoral en ese apartado.
El parlamentario dijo que, ante una eventual negativa de la Cámara de Senadores, de mayoría opositora, a aprobar esta modificación, la norma se trataría a "nivel de Congreso", conjuntamente entre senadores y diputados y, de salir aprobada, pasaría al Ejecutivo para su promulgación.
El presidente de la CNE, Antonio Costas, replicó, en declaraciones a Red Uno, que la ampliación del empadronamiento de ciudadanos en el exterior es "inviable", ya que este organismo no tiene "la capacidad ni técnica ni de tiempo para incrementar".
"No lo haríamos porque nos desfasaría todos los sistemas" a falta de tres meses para las elecciones, sostuvo Costas.
No obstante, Rojas aseguró que "esto no implicaría ningún perjuicio en el trabajo de la CNE", que prevé iniciar el registro de los bolivianos en el exterior a mediados de mes, y subrayó que el presidente de ese organismo "tendría la obligación de acatar lo que salga de promulgado por el Ejecutivo".
Esta ley, que fue aprobada en el Parlamento en abril tras un largo debate entre oficialistas y opositores, contempla que la Corte Nacional Electoral (CNE) empadrone en esos países hasta un máximo del seis por ciento del padrón nacional.
El organismo electoral prevé registrar a más de 3,5 millones de bolivianos en el país.
Además, la CNE prevé que 211.000 residentes en el exterior se empadronen en las ciudades argentinas de Buenos Aires, Jujuy y Mendoza; la brasileña de Sao Paulo, las estadounidenses de Virginia, Maryland y Nueva York, y las españolas de Barcelona, Madrid y Valencia.
Para Rojas, esta cifra es "ínfima", ya que, según sus datos, en esos países hay más de dos millones de bolivianos.
Explicó que tras escuchar las reclamaciones de los bolivianos residentes en el exterior presentará ante el Congreso, la próxima semana, una solicitud de modificación de la ley electoral en ese apartado.
El parlamentario dijo que, ante una eventual negativa de la Cámara de Senadores, de mayoría opositora, a aprobar esta modificación, la norma se trataría a "nivel de Congreso", conjuntamente entre senadores y diputados y, de salir aprobada, pasaría al Ejecutivo para su promulgación.
El presidente de la CNE, Antonio Costas, replicó, en declaraciones a Red Uno, que la ampliación del empadronamiento de ciudadanos en el exterior es "inviable", ya que este organismo no tiene "la capacidad ni técnica ni de tiempo para incrementar".
"No lo haríamos porque nos desfasaría todos los sistemas" a falta de tres meses para las elecciones, sostuvo Costas.
No obstante, Rojas aseguró que "esto no implicaría ningún perjuicio en el trabajo de la CNE", que prevé iniciar el registro de los bolivianos en el exterior a mediados de mes, y subrayó que el presidente de ese organismo "tendría la obligación de acatar lo que salga de promulgado por el Ejecutivo".
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